En medio del intenso debate social y legislativo por la reforma del sistema jubilatorio en la provincia, el reconocido abogado constitucionalista y exconvencional constituyente, Dr. Martín Acevedo Miño, respaldó la viabilidad legal de avanzar en modificaciones estructurales sobre el régimen de previsión social. En diálogo con Palabras Cruzadas por FM Litoral, el exsecretario de Justicia de la provincia desmitificó la idea de que los derechos previsionales constituyan un sistema «pétreo» e inmodificable, y situó la discusión dentro de los límites de la razonabilidad y la sustentabilidad del Estado.
Acevedo Miño, quien participó activamente en la Convención Constituyente que reformó la Carta Magna entrerriana en el año 2008, enfatizó que en el ordenamiento jurídico argentino no existen los derechos absolutos y que toda normativa es pasible de ser modificada a través de los carriles legales correspondientes.
El artículo 35 y el deber constitucional del equilibrio fiscal
El eje central de la argumentación técnica de Acevedo Miño se apoyó en una herramienta incorporada en la última reforma de la Constitución Provincial: el artículo 35. El letrado recordó que dicha cláusula establece taxativamente que el equilibrio fiscal no es una mera opción política, sino un mandato imperativo.
«El equilibrio fiscal constituye un deber del Estado y un derecho colectivo de todos los entrerrianos. Es un deber de los tres poderes del Estado, no es una cuestión que puedan optar o no por hacerlo», sentenció el constitucionalista.
El abogado rememoró las alternativas de la convención de 2008, destacando que fue el propio expresidente de la Convención, Jorge Pedro Busti, quien bajó al recinto como un convencional más para defender la introducción de ese límite fiscal. Para Acevedo Miño, la búsqueda de la sostenibilidad financiera de la Caja de Jubilaciones encuentra un sólido fundamento constitucional en este artículo, diseñado específicamente para garantizar el respaldo material y real de los derechos consagrados.
«No existen los sistemas pétreos»: un problema estructural de 30 años
Al analizar el proyecto en discusión, el exdecano universitariario señaló que la crisis previsional no es un fenómeno exclusivo de Entre Ríos ni de la actual gestión, sino un problema global y estructural que la provincia arrastra desde hace décadas.
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Perspectiva histórica: «Este año cumplo 30 años como abogado. En mi primer año de ejercicio ya se discutían en los tribunales dos leyes que intentaban paliar el déficit previsional. Llevamos tres décadas con parches parciales y ahora hay una oportunidad de dar una solución integral», evaluó.
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Cambio de paradigma demográfico: El especialista indicó que los sistemas de seguridad social del mundo se ven obligados a repensarse debido al aumento de la expectativa de vida. «No podemos seguir pensando la seguridad social con la lógica de Von Bismarck a fines del siglo XIX, cuando la gente fallecía a los 60 años o antes».
Cruces en la academia y judicialización anticipada
Consultado sobre las posturas críticas de otros juristas y exmiembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) —como las observaciones de Emilio Castrillón o el aparente cambio de criterio de Bernardo Salduna respecto de lo que alguna vez escribió en sus obras comentadas—, Acevedo Miño se mostró respetuoso del contrapunto, aunque firme en su posición. «Todos tenemos la posibilidad de cambiar de criterio a la luz de las transformaciones sociales; a mí mismo me pasó que de joven no dimensioné los efectos del artículo 35 y hoy, tras estudiarlo a fondo, veo su enorme relevancia», matizó.
Por último, el constitucionalista calificó de «imprudente» e «inadecuado» pretender frenar el debate legislativo mediante planteos judiciales ex-ante o medidas cautelares previas a la sanción de la ley:
«En el sistema republicano, corresponde que primero debata la Legislatura. Una vez que tengamos el producto final, los abogados siempre tendremos la herramienta del control de constitucionalidad ex-post».
Con estas definiciones, Acevedo Miño aportó un fuerte respaldo técnico al proyecto oficialista, situando la necesidad de la reforma por encima de las especulaciones electorales y las visiones corporativas del sector público.