En el marco de un clima de creciente tensión política y sindical, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) mantiene firme su postura de resistencia frente al proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo provincial. En una entrevista brindada a Palabras Cruzadas por FM Litoral, el secretario general del sindicato docente, Abel Antivero, ratificó la continuidad del acampe frente a la Casa de Gobierno, en la Plaza Mansilla, y lanzó duras críticas a los fundamentos económicos del oficialismo.
El dirigente gremial desestimó que el tratamiento legislativo sea «cosa juzgada» y aseguró que la norma, tal como está planteada, representará una licuación directa de los haberes de los futuros jubilados.
El impacto en el bolsillo: del 82% móvil a un estimado del 60%
Uno de los puntos más críticos señalados por Antivero radica en la modificación de la base de cálculo para determinar las jubilaciones ordinarias. Según explicó el titular de AGMER, el sistema vigente toma como referencia los últimos 10 años de desempeño laboral, lo que permite proyectar un haber fidedigno al cargo de mayor jerarquía alcanzado (como el de director).
«Si se saca una foto de los últimos 20 años como dice este proyecto de ley, ese cálculo del 82% móvil deja de ser tal porque va a tomar haberes iniciales de los primeros desempeños en la docencia. Eso hace que el 82% se liquide y pase a ser, estimativamente, un 60%», advirtió el dirigente.
Para ejemplificar el impacto real en la economía de los trabajadores, Antivero graficó: «Alguien que con el sistema actual debería cobrar $1.400.000, pasaría a percibir aproximadamente $1.100.000. Si a eso se le suma la obligación de seguir aportando un 19% hasta la edad jubilatoria de 65 años, el poder adquisitivo queda muy por debajo. Es lisa y llanamente una medida de empobrecimiento hacia la clase trabajadora».
Asimismo, alertó sobre el efecto dominó que la pérdida de poder adquisitivo del sector público generará en la actividad económica regional, golpeando directamente al consumo y al comercio de cercanía de los diferentes municipios entrerrianos.
Críticas a la mirada «empresarial» de la sustentabilidad
Al ser consultado sobre el argumento oficial que justifica la reforma en la falta de sustentabilidad financiera de la Caja de Jubilaciones y en el aumento global de la expectativa de vida, Antivero contrapuso una lectura social y de salud pública.
El dirigente reconoció el dato científico del incremento de la longevidad, pero cuestionó el contexto del retiro: “¿Bajo qué condiciones de salud se jubilará la gente en un momento de desfinanciamiento del sistema sanitario nacional y provincial?”.
En la misma línea, alertó sobre el severo desgaste psicofísico en las escuelas:
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Aumento de la violencia social: Mayor impacto institucional y sobrecarga emocional dentro de las aulas.
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Salud mental: Un incremento preocupante en los índices de licencias y cambios de funciones hacia tareas administrativas por inestabilidad emocional.
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Enfoque fiscalista: Para AGMER, el gobierno sostiene una «perspectiva empresarial que está lejos de tener una mirada humana sobre los trabajadores».
El escenario legislativo y la grieta política
El debate en las comisiones de la Cámara de Senadores ha dejado sorpresas en el arco político. Antivero se refirió al posicionamiento del diputado libertario Carlos Damasco (La Libertad Avanza), quien manifestó públicamente su rechazo al proyecto en los términos actuales.
El líder sindical señaló que venían manteniendo reuniones con el legislador por Gualeguaychú desde el verano, cuando la reforma era solo un rumor. En contraposición, cuestionó con dureza a los bloques tradicionales —peronistas y radicales— que podrían dar sus votos al oficialismo para convalidar la ley y la declaración de la emergencia previsional. «Hay sectores que tendrían que respaldar la oposición y se paran en un posicionamiento contrario a sus bases ideológicas», advirtió.
Pese a que el oficialismo de Juntos por Entre Ríos confía en alcanzar las mayorías necesarias en ambas cámaras parlamentarias, desde la conducción de AGMER insisten en que «los porotos no están contados». Las seccionales gremiales, junto a centros de jubilados y otros sindicatos, continúan con las acciones de visibilización y el diálogo con legisladores departamentales, advirtiendo que votar la norma implicará un severo «costo político y condena social» para los representantes de la provincia.