La privatización de la Vía Navegable Troncal, clave para el 80% del comercio exterior, promete una baja del 13,5% en costos logísticos. El proceso contó con auditoría de la ONU y fue respaldado por seis gobernadores y entidades productivas.
El Gobierno nacional formalizó la adjudicación de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía Paraguay-Paraná) al consorcio integrado por la firma belga Jan de Nul y la local Servimagnus, quienes asumirán la operación, dragado y balizamiento de la ruta fluvial más importante del país por los próximos 25 años.
La medida, oficializada a través de la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, marca el fin definitivo de la administración directa del Estado sobre la vía y devuelve la gestión operativa al sector privado. El pliego estipula un plazo máximo de 30 días para la firma formal del contrato.
Reducción de costos y mayor calado para el agro
De acuerdo con las proyecciones informadas por el Ministerio de Economía, la propuesta de Jan de Nul activará de manera inmediata una reducción del 13,5% en los costos logísticos, un reclamo histórico de las cadenas agroexportadoras.
Geográficamente, la concesión abarca un tramo estratégico: desde el kilómetro 1238 del Río Paraná (zona de Confluencia) hasta el kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, en la salida al Océano Atlántico. Las obras de dragado planificadas permitirán incrementar las profundidades para que los buques oceánicos de gran porte puedan cargar a tope en sus puertos de origen sin necesidad de completar carga en terminales del exterior.
Objetivos oficiales: Según la administración de Javier Milei, la privatización busca «potenciar» la matriz productiva incorporando tecnología de punta y optimizar el control del tráfico naval para el combate contra el narcotráfico en la región fluvial, deslindando al Estado del financiamiento directo de las obras.
Amplio respaldo de gobernadores y el sector privado
A diferencia de procesos licitatorios previos, esta adjudicación cosechó un fuerte respaldo institucional de la política y el círculo rojo productivo. Los gobernadores de seis provincias ribereñas (Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones) celebraron la resolución, al igual que la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario y diversas cámaras portuarias.
Para blindar la transparencia del proceso, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación implementó un mecanismo de control internacional:
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Auditoría de la ONU: Se firmó un memorando con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) para auditar cada etapa del trámite bajo estándares internacionales.
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Participación ciudadana: Se canalizaron sugerencias técnicas y ambientales de universidades, sindicatos y operadores a través de Mesas de Diálogo Interdisciplinarias y una Audiencia Pública Informativa.
El camino administrativo: la descalificación de los competidores
El tramo final de la licitación no estuvo exento de tensiones con los otros dos gigantes internacionales que competían por el negocio: la belga DEME NV y la brasileña DTA Engenharia Ltda.
La Comisión Evaluadora rechazó las impugnaciones de la competencia bajo estrictos argumentos técnicos y legales:
| Empresa Competidora | Motivo de Exclusión / Rechazo |
| DTA Engenharia Ltda (Brasil) | Descalificada de forma prematura por incumplir un requisito básico e insubsanable: no presentar correctamente la garantía de mantenimiento de oferta. |
| DEME NV (Bélgica) | Intentó frenar el proceso acusando trato desigual en la medición de antecedentes. Sin embargo, omitió pagar la tasa de garantía obligatoria para apelar, lo que invalidó legalmente su recurso. |
Finalmente, el Ministerio de Economía —con el aval de la Procuración del Tesoro de la Nación— dictó la Resolución 844 bloqueando de forma definitiva las quejas de DEME NV al constatar que el consorcio europeo simplemente no había cumplido con la documentación requerida en los pliegos generales, dejando el camino libre para la firma del contrato con Jan de Nul.