El debate sobre la Boleta Única de Papel (BUP) en la Provincia de Buenos Aires, ese avance institucional que prometía transparencia y austeridad, acaba de estrellarse contra la dura realidad de la pequeña política y la voracidad electoral de La Libertad Avanza (LLA). La renuncia del «aliado» José Luis Espert –con el consecuente cambio en la cabecera de la lista– ha desatado una controversia que excede lo meramente electoral para meterse de lleno en la caja del Estado: ¿quién paga la reimpresión de las boletas?
El exdiputado Maxi Ferraro ha puesto el dedo en la llaga con una precisión quirúrgica, y su planteo no admite grises: la Boleta Única es de todos, no un juguete a merced de las urgencias de campaña de una fuerza política. La clave está en los plazos vencidos a principios de septiembre. La boleta ya está impresa, exhibiendo a los partidos, las alianzas y los cinco primeros candidatos.
El derroche no es solo de papel, es un derroche de credibilidad institucional. La LLA, con su inestabilidad y sus cálculos de última hora, exige que el contribuyente financie su desorden.
El Riesgo de la Instrumentalización
Ferraro acierta al señalar la gravedad institucional de este pedido. La BUP fue diseñada precisamente para simplificar y transparentar, previendo que el elector elija la fuerza, y no necesariamente el rostro de un candidato que puede ser reemplazado. La propia lógica del sistema indica que la boleta, tal como está, es funcional y legal, mostrando a los candidatos vigentes que siguen en carrera.
Pero el juego de LLA es otro. Tras la salida de Espert, buscan evitar cualquier costo de confusión en el electorado, intentando «limpiar» la imagen de una boleta que, según ellos, podría desorientar al votante. Es un claro intento de instrumentalizar la Justicia Electoral para resolver un problema netamente político generado por sus propias decisiones y alianzas de último momento.
La Propuesta de Castigo Económico
Lo más punzante del planteo de Ferraro es la resolución económica, un principio de responsabilidad fiscal que debería ser innegociable: si la Justicia resuelve reimprimir, el costo lo paga La Libertad Avanza.
No es un detalle menor. La reimpresión implica un gasto innecesario, un derroche de toneladas de papel –en un contexto de crisis económica y ecológica– que no puede ser cargado a la espalda del contribuyente. La propuesta es contundente: que LLA asuma el costo de sus «errores» o, de lo contrario, que el monto sea debitado del fondo permanente de partidos políticos y de campaña que le corresponde.
Este principio es vital. Permitir que los contribuyentes financien la inestabilidad y el desorden de una fuerza política sienta un precedente peligroso. La BUP, que tanto costó implementar, no puede ser degradada a una herramienta flexible para salvar los affaires de última hora de cualquier partido. La pelota está ahora del lado de la Justicia, que deberá decidir si prioriza la estabilidad institucional y el ahorro de recursos, o cede a la presión electoral, con el consiguiente costo que LLA debería, obligatoriamente, pagar de su propio bolsillo.