El máximo tribunal rechazó el recurso oficial. Aunque el Ejecutivo firmó un acuerdo reciente con los rectores que incluye subas salariales y fondos para hospitales, los gremios advierten que es insuficiente y exigen la recomposición total de los haberes.
28 de junio de 2026
La pulseada judicial por el presupuesto de la educación superior sumó un capítulo determinante. La Ley de Financiamiento Universitario quedó firmemente respaldada por la Justicia luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el recurso presentado por el Gobierno nacional.
Con esta decisión, el máximo tribunal mantiene vigente la medida cautelar impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), obligando de forma inmediata al Poder Ejecutivo a garantizar las actualizaciones en salarios, becas y partidas presupuestarias para todas las casas de altos estudios del país, incluida la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).
Para desestimar el planteo oficial, la Corte entendió que la presentación del Ejecutivo no estaba dirigida contra una sentencia definitiva. De este modo, se sostiene el mandato judicial que exige avanzar de lleno con la aplicación de la norma que había sido sancionada por el Congreso en 2025.
El acuerdo con los rectores: los números de la negociación
La resolución judicial se dio a conocer apenas unos días después de que el Gobierno y los rectores de las universidades nacionales sellaran un acta acuerdo. Si bien el entendimiento fijó un esquema de recomposición, desde el sector académico advierten que no alcanza para cerrar el conflicto de fondo.
El paquete de medidas acordado contempla los siguientes puntos clave:
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Incremento Salarial: Se estableció un aumento total del 24,33% en la masa de haberes. El esquema se dividirá en un 21,33% sobre los salarios de junio (calculado sobre el mes de mayo) y un 3% restante en octubre (aplicado sobre los básicos de septiembre).
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Cláusula de Revisión: Las paritarias volverán a reunirse cada tres meses para evaluar el impacto de la inflación y discutir nuevas actualizaciones.
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Gastos de Funcionamiento: Se definió una suba del 20% para los gastos operativos de las instituciones.
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Becas y Salud: Se otorgará un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano y se destinará una partida adicional de $50.000 millones para el financiamiento de los hospitales universitarios.
Por qué los gremios sostienen el reclamo y vuelven al paro
A pesar de la firma del acta, tanto el CIN como los sindicatos docentes y no docentes aclararon que el acuerdo no reemplaza el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario. Mientras que la ley estipula que los salarios y las becas deben indexarse de manera estricta según la inflación acumulada, el entendimiento actual solo fija una recomposición parcial.
«Los salarios arrastran una pérdida real cercana al 34% desde el inicio de la gestión de Javier Milei. A su vez, el presupuesto universitario perdió alrededor del 29% de su poder de compra entre 2023 y 2025», argumentan las organizaciones gremiales.
Ante este panorama, diversos sectores docentes ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza para exigir que el fallo de la Corte se traduzca en una aplicación efectiva e inmediata de la ley.
Con el frente judicial cerrado a favor de las universidades, el Gobierno ya no cuenta con herramientas legales para demorar la aplicación de la norma. El foco se traslada ahora a la gestión económica: resta ver cómo el Ministerio de Capital Humano e Economía instrumentarán los fondos necesarios para cubrir la brecha que aún reclaman los trabajadores del sistema universitario.