El historiador y especialista en deuda externa desmintió el discurso de desendeudamiento del ministro Luis Caputo. Advirtió sobre la pérdida de soberanía, defendió la viabilidad de auditar los compromisos financieros y recordó el histórico fallo que revocó la condena a YPF en Nueva York.
Paraná / Entre Ríos – En una extensa entrevista con el programa Palabras Cruzadas por FM Litoral de Parana, el reconocido historiador, investigador y denunciante judicial en causas de endeudamiento público, Alejandro Olmos Gaona, trazó una radiografía alarmante sobre la situación financiera de la Argentina. El especialista cuestionó con dureza el rumbo económico actual y denunció el ocultamiento de los datos reales del pasivo estatal.
“Hemos llegado a un gobierno que cultiva la mentira de una manera escandalosa”, disparó Olmos Gaona. «El ministro de Economía, Luis Caputo, dice que nos estamos desendeudando, pero se ve que no mira su propio sitio web: en noviembre de 2025 la deuda informada era de 440.000 millones de dólares y al 30 de abril de 2026 trepó a 496.000 millones«.
«En apenas cinco meses la deuda subió 56.000 millones de dólares, a pesar de haberse pagado una enorme cantidad de dinero. Para el año que viene, según el FMI, Argentina enfrenta vencimientos por más de 30.000 millones de dólares que son puros intereses», alertó el investigador.
La deuda como «elemento frenador» y el origen del fraude
El historiador explicó que el presupuesto nacional prioriza el pago a los acreedores por sobre áreas vitales del desarrollo humano. «Cuando ves la ley de presupuesto aprobada por el Congreso, lo destinado a la deuda es superior a salud, educación y vivienda. Ahí te das cuenta de la dimensión de un problema que nunca se solucionó».
Olmos Gaona recordó que el problema estructural comenzó con la dictadura militar, bajo un mecanismo donde el Banco Central permitió la estatización de pasivos privados.
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Cifras históricas: En 1984 el BCRA informó a la Justicia que la deuda privada transferida al Estado era de 23.000 millones de dólares.
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Valor actualizado: «Hoy esa cifra actualizada excede los 170.000 millones de dólares que los privados le dijeron al pueblo argentino: ‘háganse cargo ustedes’«.
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Leyes de la dictadura vigentes: Denunció que el andamiaje legal que permite esto (Ley de Entidades Financieras, Inversiones Extranjeras y la Carta Orgánica del BCRA) fue firmado por Videla y Martínez de Hoz, y posteriormente convalidado por el Congreso de la Nación en 2003 y 2014.
El mito de la suspensión de pagos: Los ejemplos de Argentina y Ecuador
Ante la consulta sobre cuáles son las alternativas soberanas que tiene el país, Olmos Gaona derribó el tabú de declarar la cesación de pagos o plantear una reestructuración forzosa.
«Decir que hay que suspender los pagos suena a herejía, pero a un país nunca le trajo problemas extremadamente graves. En la propia Argentina, entre el default de 2001 y el arreglo de 2006, la inversión extranjera directa creció, creció el superávit fiscal y se ordenó la economía».
Asimismo, relató su experiencia como auditor y asesor del expresidente Rafael Correa en Ecuador: «Se auditó la deuda, se demostró la génesis del fraude y se le dijo a los acreedores que solo se iba a reconocer el 30% de lo reclamado. Y todos aceptaron. El Estado argentino jamás tuvo la decencia de hacer una auditoría para separar lo real de lo ficticio».
El caso YPF y los «disparates» del debate político
Durante el diálogo, Olmos Gaona se refirió a los grandes activos estratégicos del país y trajo alivio sobre el conflicto legal por la expropiación de la petrolera estatal, confirmando un giro judicial decisivo en el exterior.
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Fallo revocado: Celebró que la Corte de Nueva York revocó el fallo de la jueza Loretta Preska que condenaba a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares a los fondos buitre asociados a la familia Eskenazi.
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Críticas al periodismo: «Ese fallo inicial era directamente disparatado, porque no puede oponerse el estatuto de una sociedad privada a la Constitución Nacional que autoriza una expropiación. Sin embargo, por enfrentamiento político, casi todos los economistas y periodistas culparon exclusivamente a Axel Kicillof por una ley que fue aprobada mayoritariamente por el Congreso, ocultando la realidad».
Finalmente, el investigador concluyó con una fuerte advertencia sobre el rol del Estado frente a los recursos naturales, comparando la desregulación de la Hidrovía Paraná con el estricto control que ejercen países como Estados Unidos sobre sus propios ríos: «Si seguimos en el ‘vale todo’, entregando lo poco que tenemos para que otros decidan nuestro destino económico, seguiremos siendo una republiqueta de cuarta con grandes ambiciones de ser algo grande».