Por Sergio Fischer
En la comunicación política, se ha popularizado una supuesta «teoría de los tres días» que, según sus críticos, el gobierno de Javier Milei utilizaría para manejar las crisis de corrupción. Esta «teoría», más un patrón de comportamiento que una estrategia formal, se basa en la idea de que un escándalo de corrupción no puede mantenerse en la agenda mediática por más de tres días consecutivos si se lo ataca con una fuerte contraofensiva de comunicación.
La estrategia, tal como la describen sus detractores, se desplegaría de la siguiente manera:
Día 1: Negación y minimización. El primer día, ante una denuncia de corrupción, el gobierno se enfoca en negar categóricamente los hechos, descalificar a quienes los denuncian y minimizar el impacto del tema. Se busca sembrar la duda sobre la veracidad de la información y presentarla como una operación política de «la casta» o de periodistas «corruptos». En algunos casos, se filtran audios o conversaciones, o se lanzan ofensivas judiciales para intentar silenciar a quienes difunden la información.
Día 2: Desvío de la atención. En el segundo día, la táctica cambia de la negación a la distracción. El gobierno o sus voceros lanzan un nuevo tema de alto impacto, generalmente controvertido, que capte la atención de la opinión pública y los medios de comunicación. Puede ser un anuncio económico disruptivo, una declaración polémica sobre una figura de la oposición, o incluso un ataque a la prensa. El objetivo es que la gente comience a hablar de este nuevo tema y el escándalo de corrupción pierda su lugar central en la agenda.
Día 3: El nuevo tema domina la agenda. Si la estrategia es exitosa, para el tercer día el tema de distracción ya ha reemplazado al de la corrupción. Las redes sociales, los programas de televisión y los diarios ya no hablan del caso original, sino de la nueva controversia. De esta forma, el gobierno consigue que el «escándalo» se diluya y quede relegado a un segundo plano.
El contexto actual:
Recientemente, esta supuesta «teoría» ha vuelto a cobrar relevancia en Argentina a raíz de un escándalo que involucra presuntos sobornos en contratos públicos de medicamentos. La denuncia, que ha salpicado al entorno más cercano del presidente, incluyendo a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ha sido el centro de la atención mediática.
Ante la filtración de audios y la presentación de pruebas, la respuesta oficial ha sido acusar a periodistas y opositores de formar parte de una «red de espionaje ilegal» que busca «desviar la atención» de los logros del gobierno. Se ha promovido una ofensiva judicial para prohibir la difusión de audios, mientras se ataca a la prensa que difunde la noticia.
Si bien no hay pruebas de que exista una «teoría» formal, el patrón de comportamiento es notable. La estrategia parece ser clara: ante un problema de corrupción, el gobierno de Milei prefiere el ataque frontal y la creación de una nueva agenda, en lugar de dar explicaciones exhaustivas o abrir una investigación transparente. La clave de esta táctica, según sus críticos, es mantener a la opinión pública enfocada en las batallas culturales y los enemigos de la «libertad», mientras se gestionan los escándalos por la vía de la distracción y la negación.