El concejal Emiliano Gómez Tutau presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante para crear un sistema de garantías locativas articulado por el municipio. Apuntan a bajar los costos, reducir el riesgo del mercado y dar respuesta a la nueva composición de la clase trabajadora.
PARANÁ / ENTRE RÍOS. En un contexto donde el acceso a la vivienda propia se presenta cada vez más lejano y el mercado inmobiliario tradicional impone barreras de ingreso rígidas, el Concejo Deliberante de Paraná comenzó a debatir un proyecto clave para los inquilinos de la ciudad. Se trata de «Garantía Paraná», una iniciativa impulsada por el concejal Emiliano Gómez Tutau que busca crear un sistema estatal de garantías locativas para sectores que, aun teniendo capacidad de pago, no reúnen los requisitos formales tradicionales.
En diálogo con Palabras Cruzadas por FM Litoral, Gómez Tutau explicó los fundamentos de la normativa que tomó estado parlamentario la última semana y que ya abrió el debate en la capital provincial.
«Hay un montón de personas que hoy pueden pagar un alquiler y no cuentan con las herramientas tradicionales para hacerlo. Casi el 50% de los trabajadores actuales están en la informalidad o no tienen la formalidad tradicional del mercado laboral; hablamos de emprendedores, profesionales liberales y monotributistas que no tienen ni recibo de sueldo ni una garantía propietaria», argumentó el edil.
Un sistema «llave» y un fondo de sostenibilidad
A diferencia de modelos implementados en otras jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el proyecto paranaense no prevé subsidios estatales, sino una ingeniería financiera de articulación.
La normativa propone dos instrumentos centrales:
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Un sistema «llave»: que funciona como el portal de ingreso al contrato de locación.
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Un fondo específico: diseñado para sostener inicialmente un cupo de 300 contratos de alquiler en un flujo constante, reduciendo el riesgo de las operaciones.
Según el concejal, la iniciativa busca generar un «marco de confianza» para propietarios e inquilinos a través de la gestión del riesgo por parte del Estado, lo que teóricamente debería empujar los precios del mercado hacia la baja. «La tasa de conflictividad por falta de pago de alquileres es baja. Al bajar el riesgo articulando con distintas entidades y seguros de caución, logramos más accesibilidad y mayor flujo de contrataciones», detalló.
Respuestas a las críticas del sector inmobiliario
Ante las primeras posturas escépticas o de rechazo por parte de sectores de la mediación inmobiliaria, Gómez Tutau desmitificó que el Estado busque «meterse en un negocio privado».
«Creo que no se oponen, sino que por ahí desconocen o interpretan con ciertos prejuicios el rol que puede tener el Estado en la articulación de este sector», afirmó, y agregó que este sistema plantea un escenario de beneficio mutuo (win-win): «A las entidades inmobiliarias se les reducen los costos de análisis, se evalúa previamente la cartera y se comparten herramientas de cobertura dentro de un ecosistema cooperativo con el municipio».
Al cierre de la entrevista, se destacó la necesidad de este tipo de herramientas en una época donde la construcción de viviendas sociales se encuentra paralizada. La iniciativa, que promete simplificar el acceso a un techo para familias con ingresos no tradicionales (como trabajadores de plataformas o pluriempleados), comenzará a ser discutida próximamente en las comisiones del cuerpo legislativo local, donde el oficialismo confía en lograr los consensos necesarios para su aprobación.