En una sesión clave y a contra reloj, el oficialismo logró este miércoles convertir en ley el proyecto que autoriza el plan de pago a los dos últimos grupos de acreedores con demandas activas contra el Estado nacional por el default de la deuda soberana declarado en el año 2001.
Tras un intenso debate, la iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación con 139 votos a favor y 97 en contra, convalidando de forma definitiva los acuerdos de conciliación. El aval legislativo llega a escasos días del 30 de junio, fecha límite fijada en el compromiso alcanzado con los fondos tenedores de los títulos.
Las claves del acuerdo con los holdouts
El entendimiento económico destinará un total de USD 171 millones para dar cierre al litigio financiero en los tribunales internacionales. Los puntos centrales contemplan:
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Desembolsos: Se abonarán USD 67 millones a la firma Bainbridge Ltd. y USD 104 millones al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
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Mecanismo «Entrega contra Pago» (DVP): Los fondos públicos se liberarán de forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción.
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Costos legales: Los propios fondos buitre deberán afrontar las costas y gastos judiciales generados por el extenso litigio.
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Cláusula de Standstill: Se prohíbe explícitamente a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras de la República Argentina hasta que se complete la transacción.
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Liberación de activos: Con la vigencia de la ley, quedarán sin efecto las medidas de ejecución de embargos en la Justicia de Estados Unidos que pesaban sobre activos soberanos, incluyendo acciones del Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y acciones clases A, B y D de YPF.
Cruce de argumentos en un debate de alta tensión
El miembro informante del oficialismo y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza), defendió el proyecto argumentando la necesidad de cerrar una «herida de deshonra internacional» que arrastra el país desde hace un cuarto de siglo.
«Pasamos por la vergüenza de los procesos de discovery y los embargos judiciales. En esta conciliación se negoció una quita del 30% del remanente y se exime al Estado de pagar honorarios legales. Si no lo aprobábamos, los acuerdos se caían y se reactivaban todas las instancias judiciales», advirtió el legislador libertario.
Por su parte, desde la oposición cuestionaron con dureza los términos del acuerdo y alertaron sobre los riesgos de un nuevo endeudamiento. El diputado Itai Hagman (Unión por la Patria) criticó la falta de transparencia en las negociaciones: «El Estado argentino negoció una sentencia con fondos buitres sin saber sobre qué título estaba negociando, se enteró después por los reportes del FMI».
En la misma línea opositora, Miguel Pichetto (Encuentro Federal) justificó su rechazo señalando inconsistencias técnicas en la norma:
“Este acuerdo no especifica si el financiamiento surge de endeudamiento nuevo, de rentas generales o de reasignación de partidas. Esta ley carece de la asignación presupuestaria que exige la Ley 24.156 de Administración Financiera”.
A su turno, el jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, reprochó que el Gobierno nacional no informara el monto original de los bonos para evaluar la precisión del pago actual, mientras que Néstor Pitrola (Frente de Izquierda) reiteró la postura de su espacio de romper lazos con el FMI y desconocer la deuda externa.
El cierre oficialista
Hacia el final de la jornada, la diputada Silvana Giudici (LLA) respaldó el texto remarcando que ambos fondos contaban con sentencia firme de la Justicia norteamericana y ponderó el impacto positivo para la petrolera estatal: «La devolución de las acciones de YPF va a permitir que la empresa termine estando libre de cualquier otro conflicto, eliminando el riesgo latente de futuros embargos».