En una tensa jornada legislativa en la Casa Gris, referentes de los gremios estatales expusieron sus objeciones ante el Senado. Denunciaron falta de datos actuariales, pérdida de poder adquisitivo para los pasivos y una «discriminación negativa» hacia las mujeres.
Martes 16 de junio de 2026 | 12:32 hs.
Paraná.– Las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales del Senado entrerriano volvieron a sesionar este martes en el Salón de los Escudos de la Casa de Gobierno, en el marco del debate por el proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo. La jornada estuvo marcada por las fuertes críticas de los representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación del Personal Superior Municipal (APS), quienes coincidieron en que la iniciativa oficial carece de sustento técnico y avanza sobre derechos adquiridos de los trabajadores.
Mientras el debate se desarrollaba puertas adentro, la tensión se hacía sentir en las calles. Sobre la calle Santa Fe, en las inmediaciones de la Casa Gris, se concentró una columna de manifestantes de UPCN liderada por su secretario general, José Allende. En paralelo, la Plaza Mansilla continuaba ocupada por el acampe de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), gremio que —a diferencia de UPCN— articula sus reclamos dentro de la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones.
UPCN: «El déficit es estructural y no habrá equilibrio fiscal»
La primera en exponer fue la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, quien solicitó formalmente que se mantenga el requisito actual de 30 años de aportes y que el cálculo del haber inicial se siga realizando sobre los últimos 120 meses de actividad. Domínguez fustigó la intención de ampliar ese cálculo a los últimos 240 meses: «Es innecesario para este momento de incertidumbre, de bajos salarios y de crisis económicas», argumentó.
Respecto al rojo financiero de la Caja, la dirigente reconoció que un 15% del déficit es de carácter estructural y sentenció que «no va a haber equilibrio fiscal». Para mitigar el impacto en los bolsillos, propuso que el aporte del 19% se aplique sobre el haber jubilatorio y no sobre el del activo, evitando así que el descuento real trepe al 23%.
Por su parte, la asesora técnica de UPCN, Sandra Varas, alertó sobre la «letra chica» del proyecto. Advirtió que la redacción actual excluye de los regímenes especiales a sectores clave como tipógrafos, operadores de aeronavegación y personal de salud específico. Además, puso la lupa sobre el artículo 4 de la ley de emergencia, señalando que permite aportes adicionales de hasta el 8%. «Esto elevaría la carga total al 25%, 26% y hasta el 27% sobre los montos de las jubilaciones», detalló Varas, denunciando un «cierto grado de confiscatoriedad». Asimismo, cuestionó que el Ejecutivo pueda prorrogar la emergencia de forma unilateral sin dar intervención a la Legislatura.
APS: El drama de los municipales y la paridad de género bajo la lupa
A su turno, Alejandra Levrand, secretaria general de la APS (gremio que sí integra la Multisectorial), expuso la cruda realidad que afrontaría el sector municipal de aprobarse la norma. Levrand apuntó contra el artículo 1, que faculta al Ejecutivo a prorrogar la emergencia indefinidamente más allá de 2027: «Convierten al gobernador en legislador», fustigó.
La dirigente graficó el impacto de la suba de la edad jubilatoria con ejemplos de los sectores más vulnerables de la administración local:
«Me cuesta pensar en los trabajadores que se dedican a la recolección de la basura porque lo harían con 65 y 68 años de edad», graficó Levrand, sumando a la lista de riesgo a los empleados de obras sanitarias —quienes trabajan sumergidos en agua— y a las docentes de los jardines maternales.
Al analizar el impacto sobre las mujeres, Levrand calificó el aumento de la edad jubilatoria como una «discriminación negativa», ya que el proyecto oficialista no reconoce las tareas de cuidado no remuneradas. Bajo este nuevo esquema, advirtió, un trabajador que ingrese a la actividad a los 18 o 20 años terminaría aportando «entre 48 y 50 años» antes de poder jubilarse. Además, denunció que los aumentos para los pasivos se pagarían recién a los 60 días hábiles y sin retroactividad, lo que generará «un rezago de un trimestre respecto al activo».
Sin datos oficiales
La falta de sustento técnico del proyecto fue el eje que unificó los reclamos y encendió las alarmas de los legisladores de la oposición. Ante las consultas puntuales de los senadores Fabián Berthet y Juan Pablo Cosso (bloque PJ) sobre las proyecciones que maneja la provincia, la respuesta gremial fue tajante.
«Nosotros no hemos accedido a esa información», admitió Carina Domínguez en alusión a los supuestos estudios actuariales del Gobierno. «No se podría hacer una reforma si no se tienen esos datos para conocer cuántas personas se jubilarán en los próximos años», remató.
Como contrapropuesta ante las consultas de Cosso sobre la situación de las mujeres, desde UPCN instaron a los senadores a evaluar el modelo que rige a nivel nacional, el cual «reconoce a las mujeres las tareas de cuidado y les compensa años de aporte por cada hijo».
El debate en comisiones continuará en los próximos días, con una creciente presión gremial que promete intensificar las negociaciones en la Cámara Alta.